Gregorio Sánchez une a todos pero en su contra

Ariel Velázquez

 
Lo que parecía imposible y  a pesar de que en su reciente Congreso Nacional  prohibió hacer alianzas con otros partidos en materia electoral,  lo consiguió el alcalde neopanista-petista, Gregorio Sánchez  e incluso le exige al Sol Azteca ?el partido que lo llevó a ese cargo- "nos deje hacer el trabajo que la ciudadanía nos encomendó".
Efectivamente ante el aumento al transporte, jóvenes priístas, así como de la dirigencia estatal del PRD, anunciaron movilizaciones contra el incremento de las tarifas.
Rafael Quintanar, líder de los perredistas en la entidad, dijo que están dispuestos a tomar los autobuses de transporte, mientras que el priísta Jesús Duarte dijo no estar de acuerdo con el incremento aprobado.
El descaro es tal que  Sánchez Martínez, le ordenó  a Quintanar como si fuera su empleado ?que se dedique a sus asuntos políticos y que a los regidores y a él los deje gobernar?.
Por si fuera poco, el alcalde predicador se deslinda del impopular incremento aduciendo que la ciudadanía ?nos lo encomendó?, como si sobrara el dinero para estar pagando de más.
A Greg como todo mundo se sabe, le sobran dólares, pero a miles de cancunenses no. Es obvio que está realizando un pago de facturas a quienes en su momento lo apoyaron.
Luego de que el pasado  2 de diciembre del 2008 se cumplieron once años de la presentación ante la Procuraduría de Justicia del DF, de una querella por fraude y abuso de confianza en perjuicio de más de 400 cooperativistas, que hizo un grupo de socios de Editora de Periódicos, SCL (que editaba el diario La Prensa en el DF), delitos presuntamente cometidos por media docena de directivos hace tres lustros, se están viendo indicios de una leve esperanza para los demandantes.
El motivo es que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, Francisco Javier Sarabia Ascencio, concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a un grupo de socios de la cooperativa, en contra de la resolución de la Procuraduría General de Justicia del DF, ante su negativa de ejercitar la acción penal en contra de los presuntos responsables de esos delitos, argumentando erróneamente que ya habían prescrito. Así nos lo informó Augusto Cabrera, secretario de la Unión de Trabajadores de la Prensa, entre otros.
Con esto, quienes indebidamente realizaron la venta de este diario, tendrían orden de aprehensión y lo más importante, la venta se anularía y los actuales dueños también tendrían que demandar a quienes falsamente les vendieron el periódico.
De esta forma,  el Juez Sarabia Ascencio ordenó a la Procuraduría capitalina que ?deje insubsistente su fallo? (el inejercicio de la acción penal) y ?dicte otro?, en el que deje a un lado su argumento de que los delitos están prescritos, pues la figura de la prescripción fue desechada desde el 2000 por el entonces también Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal (en febrero del 2000), sentencia que fue confirmada (diciembre del 2000) por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, luego del recurso de revisión que interpuso la Procuraduría, por lo que la no prescripción pasó a la categoría de ?cosa juzgada?.
Como es del conocimiento público, a finales de julio de 1993, todos los activos (tangibles e intangibles) de la cooperativa Editora de Periódicos, SCL, de acuerdo a los querellantes, fueron ilegal e indebidamente vendidos al ex banquero Carlos Abedrop Dávila ?en una coinversión con un grupo español de medios--, en la cantidad de 80 millones de dólares (unos 280 millones de pesos a valor de entonces).
Esta suma millonaria debió haberse repartido entre todos los socios cooperativistas, lo que no sucedió en los hechos, pues lo que los miembros de la cooperativa recibieron como ?liquidación? fueron aproximadamente 220 millones de pesos, que provinieron de diversas cuentas que tenía la cooperativa en bancos y casas de bolsa, tanto de México como de los Estados Unidos, Inglaterra y algunos paraísos fiscales, según se ha documentado en las averiguaciones previas SC/12471/97-12, 24/032/99-08, SC/2009/98-03 y A/ISF/1318/99-08.
Es decir, a los cooperativistas conforme a las pruebas presentadas, se les ?liquidó? con su propio dinero, sin haberle añadido un solo centavo que proviniese del monto obtenido por concepto de la venta hecha a Impulsora de Empresas Periodísticas, S.A. de C.V., nombre de la persona moral que integraron Abredop Dávila y los inversionistas españoles.
Ante la representación social fueron señalados como presuntos responsables de este cuantioso fraude contra más de 400 cooperativistas, básicamente quienes en julio de 1993 ocupaban los principales cargos de dirección y administración dentro de la cooperativa. Entre ellos, los siguientes:
Mario Santaella de la Cajiga; Mario Santaella Herrera; Augusto Emilio Corro Ortiz; Juan Manuel Hernández Rodríguez; Carlos Peláez Fuentes; Juan Nieto Martínez; Antonio Pérez Viéytez; Víctor Manuel Pimentel González; Octavio Arteaga Monroy; Dolores Ramírez Galindo; Celia Cruz Álvarez; María de los Ángeles Cruz Álvarez, y los liquidadores de la cooperativa: Alfonso Ramón Castorena Cid y Víctor Manuel Martínez Allende.
Sin embargo,  pesar de haber probado documentalmente los delitos de fraude y abuso de confianza cometidos por sus  propios compañeros cooperativistas, y a pesar también de que desde hace siete años causó estado la determinación judicial de que no ha prescrito la acción penal, la Procuraduría General de Justicia del DF siguió insistiendo en esa misma argumentación, misma que, por segunda ocasión, acaba de ser desechada por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del DF.
Al mismo tiempo los demandantes  hicieron un llamado ?de la manera más atenta posible?,  al Procurador Miguel Mancera, para que instruya a quien corresponda para que perfeccione las averiguaciones previas levantadas con motivo de este fraude y abuso de confianza, y atendiendo a la última resolución del citado Juez Sarabia Ascencio, sea elaborado el dictamen de consignación y enviado a un juez penal, para que sea éste el que, después de tantos años de andar implorando justicia, determine la culpabilidad de los presuntos responsables, les imponga el castigo que en derecho proceda, y los condene a resarcir el daño ocasionado a más de 400 jefes de familia, 50 de los cuales lamentablemente ya han dejado de existir?.

S.O.S.

En un peregrinar se han convertido las últimas semanas para los familiares de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano del extinto Amado Carrillo Fuentes ?El Señor de los Cielos?, quien permanece en calidad de desaparecido desde el pasado 27 de octubre, cuando elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal (PF), presuntamente lo detuvieron en un rancho de su propiedad en el municipio de Navolato.
La madre y tres hermanas: Aurora Fuentes López y María Luisa, Berthila y Alicia, denunciaron que su consanguíneo permanece retenido en una instalación militar en la ciudad de México a pesar de que no existen cargos en su contra. Sin embargo, existen versiones de que fue asesinado por un grupo de adversarios. Escríbanos:[email protected]