Seguridad pública: urgente cambiar políticas y políticos

José Zaldívar

CONEXIÓN GLOBAL

Ola de violencia que erosiona Cancún, Playa del Carmen y Chetumal


La ola de violencia no solamente erosiona a la sociedad de Cancún y Playa del Carmen, esta semana ya alcanzo a Chetumal,  cargándoles ?la chamba? no solamente a las agencias del ministerio público, corporaciones policíacas,  agencias aseguradoras y clínicas de emergencia hospitalaria, sino también a las  agencias funerarias y florerías.

Cancún se encuentra ubicado en el sexto lugar nacional en índice de delincuencia de acuerdo a  datos proporcionados por Seguridad Pública Nacional, dichos datos indican que aquí se registran 16 mil víctimas por cada 100 mil habitantes, pero únicamente se denuncian 23 mil delitos al año, por lo que se estima que en promedio 100 mil delitos al año no son denunciados.

Por otro lado los delitos sexuales han crecido un 31.4 por ciento en el último año, y los delitos patrimoniales, esto es, los robos a casas habitación, en un 33 por ciento. La información de Seguridad Pública  Nacional Indica que de igual manera los suicidios se incrementaron en un 45 por ciento  y  también que  se ha disparado el número de secuestros.

Lamentablemente en Quintana Roo, las autoridades sólo reconocen entre el 13 y 14 por ciento de los delitos que aquí se cometen, además de que se registra un serio problema con los Ministerios Públicos ya que no hay sistemas tecnológicos que puedan romper el sistema de corrupción.

Quintana Roo al igual que gran parte de México vive los efectos de una crisis  de seguridad pública y la sociedad, llena de angustia, se pregunta por qué, pero nadie le responde: Por un lado la ultraderecha, la derecha y los levantacejas vía ?medios de difamación?, ahora culpan de todo al Distrito Federal (¿incluso de los muertos en Culiacán, Iguala, Torreón, Ciudad Juárez, Cancún y Playa del Carmen ?), solo porque el jefe de Gobierno del Distrito Federal se niega a reconocer como presidente a Felipe Calderón; los intelectuales, por su parte, prefieren guardar silencio (hay que ver de qué hablan sus revistas exquisitas); los empresarios se niegan a llamar a las cosas por su nombre (la devolución multimillonaria de impuestos que reciben, los fabulosos negocios petroleros que tienen en puerta, los alientan a soportar el castigo), mientras la izquierda especula, cautelosa, pero no acierta a alzar la voz.
¿Qué está pasando en México?
De acuerdo a lo que vivimos y atestiguamos se pueden tomar dos lecturas:
Una, Calderón está administrando el terror en altas dosis para encubrir la privatización de la industria petrolera, que espera consumar en septiembre, mes de la patria, antes de proclamar la intervención político-militar de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, que hará más títere y débil aún a su espurio gobierno.
Si esta percepción es incorrecta (a estas alturas ya nadie cree a Calderón capaz de nada, mucho menos de una sofisticación tan perversa), cabe entonces otra lectura: El Estado ha desaparecido en buena parte del territorio (léase, al menos en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, Nuevo León, Tabasco y Quintana Roo) y la gobernabilidad ha sido remplazada por la barbarie del caos. Por lo tanto, no cabe esperar sino que todo empeore, hasta que Estados Unidos retome el control (o lo intente), luego del traspaso de Petróleos Mexicanos (Pemex) a particulares.
Si el ?principal derivado del petróleo es la guerra?, como bien decía el gran Fontanarrosa, y si la guerra significa muerte, devastación, odio, sicosis, miseria y ruina total, entonces los privatizadores de Pemex (los de adentro y los de afuera) nos han traído esta supuesta lucha ?contra? el narcotráfico, que en realidad es una guerra contra la sociedad civil, contra sus formas de convivencia, contra sus elementales normas de deliberación democrática y sus aspiraciones de cambio profundo y verdadero.
Tenemos que decir ya basta, pero no como la oligarquía histérica que hoy pide más retenes militares, más policías y más penas de cárcel, en pocas palabras más de lo mismo, más de lo que no ha servido absolutamente para nada, cuando al contrario, es el momento de exigir un cambio radical de política y de políticos.
Ante una crisis como la que estamos viviendo, un gobernante sensible destituiría de inmediato al secretario de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública, al procurador general de la República y a los responsables de certificar la licitud de los recursos financieros en Hacienda. Eso es lo mínimo que en estos momentos esperaría el pueblo, en lugar de la ociosa ?cumbre? del jueves entrante, en la que Calderón propondrá medidas más ?enérgicas?, para ganar tiempo hacia la privatización de Pemex y la intervención estadunidense.
Un cambio radical de política en materia de seguridad pública exige atacar la base financiera del crimen organizado, como se han cansado de repetir los expertos de Naciones Unidas, y como incluso lo señaló el domingo pasado en Villahermosa, desde el interior del panismo, Santiago Creel: ?el dinero del narco no anda viajando en maletas por todo el país, está depositado en los bancos?.
Al día siguiente de esa declaración, el Departamento de Estado afirmó en Washington que de 2003 a la fecha los cárteles han repatriado de Estados Unidos a México 22 mil millones de dólares.
Y al día siguiente de esa revelación surgió otra: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ?no presentó, en el primer semestre de 2008, un solo reporte de lavado de dinero?, luego de haber detectado, en 2007, mil 478 operaciones de ese tipo.
¿Qué dijo al respecto Calderón? Nada.
¿Y Mouriño? Nada.
¿Y la SSP y la PGR? Nada.
¿Y los levantacejas? ¿Y los empresarios? ¿Y la izquierda?
En lo que va del año en el Sureste del País se han conocido poco menos de 60 secuestros (los desconocidos son muchos más). Si se  diera una vuelta por el Sureste Mexicano se daría cuenta que la mayoría de las corporaciones policíacas no cuentan ni con el mínimo elemental de preparación y equipos.
¿Cuántas veces ha ido Juan Camilo Mouriño a supervisar las tareas de seguridad pública en nuestra entidad? Las revistas de sociales se limitan a retratarlo en bodas, banquetes y bares de Polanco, donde suele rematar sus ?agotadoras? jornadas de trabajo cantando hasta el amanecer.
Mouriño no es sólo el emblema de la impunidad sino de la desidia que beneficia a quienes apuestan a que todo se pudra para fortalecerse con el apoyo estadunidense.