Decomisa PGR cocaína en colonia popular
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Encuentran dosis para su venta
La Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo detiene al presunto responsable de distribuir el estupefaciente y lo interna en la cárcel municipal
Isla Mujeres
Renán Moguel Quintal
Como parte de las acciones que realiza la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo para combatir los delitos contra la salud, se cumplimentó la primera orden de cateo en Quintana Roo, obtenida vía electrónica por un Juzgado Especializado, en cuya diligencia se detuvo a un presunto responsable con posesión de cocaína.
Ante los indicios de que un domicilio la colonia Guadalupe, en la Zona Continental de Isla Mujeres, era utilizado como centro de distribución de drogas, el Fiscal del Ministerio Público de la Federación inició una investigación y libró una orden de cateo.
Al dar cumplimiento a la orden judicial, los elementos de la Policía Federal-Agencia Federal de Investigación y de la Policía Estatal Preventiva, adscritos a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo en Cancún, se trasladaron al domicilio ubicado en la Manzana 3, Lote 16 de la colonia Guadalupe, donde se ubicaron siete gramos 300 miligramos de cocaína, distribuida en 30 bolsitas de plástico, así como a Cristóbal Pérez Valencia.
Por tal motivo, el estupefaciente y el indiciado fueron trasladados a las oficinas de la unidad para que el Agente del Ministerio Público de la Federación continuara la integración de la averiguación previa AP/PGR/QROO/CAN/UMAN/02/2009, misma que, una vez reunidos los elementos jurídicos de prueba necesarios, consignó el Juez Segundo de Distrito en el estado por la probable comisión del delito Contra la Salud en la modalidad de Posesión de cocaína con fines de venta, internando al indiciado en la Cárcel Municipal donde enfrentara su proceso penal.
Lo anterior, se dijo, es ejemplo de las acciones permanentes que la Delegación de la Procuraduría General de la República en el estado realiza con el propósito no sólo de librar a los jóvenes de las adicciones y de la desintegración familiar que éstas generan, sino de evitar la impunidad, inhibir la actividad ilícita y proteger la salud de la sociedad, a través de las herramientas jurídicas con las que el Estado la faculta.
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