Aprueban Ley contra la trata de personas
Prevé Penas de hasta 27 años de cárcel y multas de tres mil días de salario
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves con 396 votos en favor y una abstención la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual prevé penas de hasta 27 años de cárcel y multas de hasta tres mil 300 días de salario mínimo a quienes incurran en ese delito.
La nueva legislación tiene por objeto prevenir y sancionar la trata de personas, así como establecer la protección, atención y asistencia a las víctimas, a fin de garantizar el respeto a su libre desarrollo, ya sean mexicanos residentes, quienes sean trasladados a territorio nacional y mexicanos en el exterior.
Las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República (PGR), en el ámbito de sus respectivas atribuciones, llevarán a cabo o colaborarán en la aplicación de programas permanentes para prevenir dicho delito.
Se aplicarán sanciones que entre seis y 18 años de prisión y multas económicas equivalentes de 500 a dos mil 250 días de salario mínimo, a quien fomente los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a ésta, servidumbre o la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
En el caso de que se trate de un servidor público, la sanción penal será de hasta 27 años de cárcel, de tres mil 300 días de salario mínimo de multa y la destitución del empleo, rango o comisión públicos e inhabilitación.
?Los delitos previstos en esa ley se perseguirán, investigarán y sancionarán por las autoridades federales cuando se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio nacional?.
La ley establece la obligación de advertir al personal de líneas aéreas, cadenas hoteleras, restaurantes, bares y centros nocturnos, entre otros, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a la trata de personas.
UNICEF, por su parte, ha establecido que de las 32 entidades federativas del país, 21 están involucradas en la explotación sexual, destacando Ciudad Juárez, Tapachula y Tijuana, así como Acapulco, Cancún y Guadalajara.