Esteban Moctezuma Barragán

¿Político o estadista?

?Sacar al PRI de Los Pinos? significó, en la realidad, dejar fuera del gobierno federal a una parte del PRI identificada con el ala de los ?tecnócratas?, pero se mantuvieron los ?políticos?.

Lo que quedó fuera del servicio público se identificaba como un ?Nuevo PRI? y lo que quedó vigente se señalaba como el ?Viejo PRI?, que era sin duda a quienes el electorado quería fuera del gobierno. Vaya paradoja.

El saldo de esta cirugía electoral fue que un grupo de mexicanos altamente calificado, con una gran experiencia en la administración pública, con un espíritu real de servicio y con un nivel importante de honestidad, vio cerradas las puertas del gobierno y se mudó a rehacer su carrera profesional en otras actividades, por cierto, con bastante éxito por sus capacidades. Es a este grupo y a su competencia laboral y política a quienes más se extraña en las encuestas.

Ahora, el electorado se encuentra confundido sobre el futuro. Después de casi 10 años, no reconoce cuadros eficaces de primer nivel. Ve a un PAN que, de 2000 a 2006, estuvo más interesado en las elecciones que en el buen gobierno, y ve hoy al presidente Calderón enfrentado ante la misma encrucijada: ?Ver por las próximas elecciones o ver por las próximas generaciones?, que finalmente es lo que diferencia a un político de un estadista.

Cimentar un buen gobierno es la base de un buen desempeño electoral a largo plazo, pero, además, es la responsabilidad histórica de cualquier mandatario. Nada sería más conveniente para el país que el PAN se percatara de que, no obstante su maridaje, hay una clara separación entre partido y gobierno, en lo político, en lo funcional y en lo ético.

El PRI había logrado generar un auténtico grupo de capaces y eficaces administradores públicos, al grado de crear admiración y a veces envidia en otros países. Es tiempo de que el PAN le apueste a crear una base de servidores públicos que hagan del gobierno un sistema eficaz de servicio general.

La renuncia de César Nava para participar en las elecciones de 2009 es signo de que aún no se ha comprendido que un proyecto de largo plazo requiere bases reales sustentadas en resultados de gobierno y no sólo en estrategias electorales.

El presidente Calderón aún está a tiempo de reinventar su administración para incorporar a los mejores perfiles en cada cargo y hacer a un lado el absurdo requisito no escrito de que, si no se es panista, no se puede participar. Para construir una presa se requiere un buen ingeniero, no un buen militante.

AUTONOMÍA PARTIDARIA

Alejandro Encinas denunció que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo una indebida injerencia en la vida interna del PRD, al revalidar la elección para la dirigencia nacional cuando las instancias internas la habían anulado. La reacción de Encinas refleja la postura de los partidos en general: no les gusta que instituciones ajenas a su estructura interna alteren decisiones relacionadas con los procesos partidarios. Se toman como una indebida injerencia, un atentado contra la autonomía de los partidos. Pero dado que éstos son considerados constitucionalmente como entidades de interés público y reciben financiamiento público (no pequeño), los partidos han aceptado gradualmente (aunque a regañadientes) la intervención de las autoridades electorales en sus procesos internos.
La pregunta es qué tanto y en qué condiciones pueden esas instancias inmiscuirse en la vida de los partidos, sus estatutos y sus decisiones. Los propios partidos favorecen interpretaciones restrictivas al respecto; mientras menor la injerencia de órganos externos, mejor. De hecho, muchos analistas denunciaron que, bajo la nueva reforma electoral, los partidos habían establecido una barrera que les permitiría regir en mayor medida su rendición de cuentas frente a la sociedad. El Cofipe enumera en su artículo 46 los asuntos internos de los partidos, como son la elaboración de sus documentos básicos y la selección de dirigentes y candidatos. Pero el IFE está facultado para rechazar estatutos antidemocráticos y el Tribunal Electoral puede intervenir en un litigio entre militantes o entre éstos y sus dirigentes (como lo ha hecho en varias ocasiones con distintos partidos). Pero, por otro lado, en la ley para la impugnación electoral hace poco se agregó un apartado en que se convoca a los magistrados a calcular el alcance de su intervención: ?La conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la auto-organización de los partidos políticos, deberá ser considerada por las autoridades electorales competentes al momento de resolver las impugnaciones relativas a los asuntos internos de los partidos políticos? (Art. 2). Eso se vio como un obstáculo a la intervención del Tribunal en la dinámica de los partidos.