Políticamente expuestos

Jorge Fernández Menéndez

El mayor problema con la reforma electoral es que quitó atribuciones y derechos a la ciudadanía, organizaciones civiles y hasta militante en beneficio de las cúpulas
Para las elecciones federales de 2009 los partidos han creado un monstruo que ya no pueden controlar. En realidad, el mayor problema con la reforma electoral es que quitó atribuciones y derechos, no sólo a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, sino incluso a los militantes de los partidos en beneficio de sus dirigencias y para hacerlo debieron establecer tantos controles, tantas regulaciones, que le dieron a una institución como el IFE atribuciones y poderes que han convertido a éste en un ente, poderosísimo en términos legales, pero incapaz de cumplir con tantas responsabilidades.
El tema de la imposibilidad de los ciudadanos y las organizaciones sociales de expresar sus opiniones y contratar espacios para ello, comienza a derrumbarse con la aceptación del amparo que hemos promovido un grupo de intelectuales, abogados y periodistas en contra de la reforma electoral. El tema de fondo no podrá ya ser revisado antes de los comicios de julio, pero puede ser el instrumento para modificar esa aberración jurídica y política en el futuro. Otro de los capítulos más controvertidos de la reforma (por la sencilla razón de que no puede aplicarse) es el de la propaganda negativa, comenzando por definir qué es tal. El miércoles, el Tribunal Electoral ya revocó esa disposición, porque un reglamento no puede ir más allá de lo establecido por la Constitución.
Pero lo que será un nuevo desastre, además de algo imposible de regular y que conlleva todo tipo de peligros, es la norma, vigente desde anteayer, de que todos los legisladores, dirigentes políticos nacionales y locales, todos los funcionarios y, como dice con una ligereza absurda la ley, todos los personajes ?políticamente expuestos? (¿qué quiere decir eso?, ¿quién lo logrará interpretar legalmente?), pueden ser investigados en sus cuentas bancarias, recursos, propiedades, empresas con las que tengan, hayan tenido o puedan tener relación, y lo de sus familiares hasta segundo grado. En el papel suena muy bien: un mecanismo, dicen, que impida que el crimen organizado o cualquier otro tipo de recurso de origen no lícito se involucre en las campañas electorales. El IFE ha dicho que esa investigación, que se va a canalizar a través de la Secretaría de Hacienda, se realizará sólo previa denuncia. No dice quién o en qué condiciones deberá presentar la denuncia pero, sobre todo, no especifica cómo se protegerán esos datos personales, familiares y empresariales. No dice tampoco quiénes estarán autorizados para tener acceso a ellos: sabemos que el IFE ha comprado ya un edificio completo con el fin de realizar esas labores de investigación (y controlar, otra tarea imposible, todo el flujo publicitario de la elección y de los partidos) y que habrá decenas, si no es que cientos, de empleados, para hacer esa tarea. ¿Quién se hará responsable de ellos?, ¿quién impedirá que la información se filtre?
Por supuesto que debe haber un esfuerzo por evitar que recursos no lícitos se involucren en las campañas, sin embargo, no será mediante ese tipo de mecanismos como ello se logrará; tampoco debe ser esa una atribución del IFE, que no es un ministerio público ni una instancia investigadora legal. Si el narcotráfico y el crimen organizado (o una empresa o grupo) deciden financiar ilegalmente a un candidato o a un grupo político, existen muchos mecanismos para hacerlo que no pasarán, precisamente por el depósito de dinero en sus cuentas. Al mismo tiempo, el tener acceso a datos tan amplios y con tanta discrecionalidad puede ser un extraordinario instrumento, pero en las manos del crimen organizado o para la extorsión política o económica. Imaginemos el caso de un político que aspira a una posición de elección popular o que está ?políticamente expuesto? y que haya trabajado, de alguna manera, en alguna empresa. Si se interpreta al pie de la letra la disposición, no sólo ese sujeto podría ser investigado, así como sus familiares, sino también la empresa con la que hubiera tenido relación. Y la Secretaría de Hacienda, por conducto del IFE, tendría atribuciones para revisar todos sus recursos, inversiones, estrategias financieras. El IFE dijo que en el pasado recibió más de ocho mil denuncias sobre el posible involucramiento de dinero ilícito en procesos electorales y que, de todos esos procesos, sólo se le ha dado curso a un caso.
El IFE no puede ni debe realizar esa labor. Y tal vez los líderes de los partidos en el Senado digan que es una medida que ahora sí garantizará la limpieza de todos los políticos, mas, en realidad, va a ser todo lo contrario: agudizará las sospechas, los golpes bajos, la participación de autoridades que no tendrían por qué tener esas atribuciones en indagatorias que pueden vulnerar el derecho a la privacidad, y serán un instrumento, por las enormes posibilidades de filtración de la información, para la extorsión o la delincuencia.
Debe haber, y con algunas de las reformas de seguridad y justicia aprobadas lo habrá, muchas más posibilidades de controlar el lavado de dinero o los mecanismos financieros ilícitos en personas y empresas. Y la unidad correspondiente de la Secretaría de Hacienda tiene ahora atribuciones muy importantes para avanzar en ese sentido. Pero esas labores no pueden pasar por el IFE, sino por la PGR. Paradójicamente, la Procuraduría General de la República, si se toma al pie de la letra la ley electoral aprobada, no tiene atribuciones tan amplias como el Instituto Federal Electoral. Sería hasta cómico, si no fuera trágico. Todo se ha construido como para que las elecciones de julio vayan por mal camino. Y los partidos, que son los autores de ello, creen que podrán eludir su responsabilidad cuando las cosas estallen. Tienen, en todo caso, un buen argumento a su favor: cuando las cosas estallen, será culpa del IFE. Y a pesar de lo que diga la ley, ya hemos visto que sus integrantes sí pueden ser removidos de su cargo por los partidos.