Se atora Profepa con sus procedimientos

NOTICIAS DE TULUM

Agencias

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) enfrenta un grave problema logístico para hacer cumplir sus propios reglamentos, al establecer estos que la entidad ecológica puede tomar "cualquier medida" para que los terrenos regresen a "su estado original".

Las autoridades ambientas de Profepa reconocen que estas medidas ataquen la necesidad en primer lugar de demostrar a la opinión pública que existe una afectación de gravedad tal que justifique, por ejemplo, la demolición de los hoteles que fueron clausurados por la dependencia al encontrárseles irregularidades en sus estudios de impacto ambiental y lo que tienen edificado en la zona del Parque Nacional de Tulum.

?La ley prevé, efectivamente, si es factible, llegar a la demolición, siempre y cuando la autoridad ambiental ?en este caso la Profepa- lo determine con base al estudio de los daños ocasionados por la obra, pero eso sólo la Profepa podrá establecerlo y llegar a ese punto de demolición?, expresó  el subdelegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Javier Castro

De acuerdo con sus palabras, es en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa), en el capítulo de las medidas de urgente aplicación. Ahí ?explicó- se establece que la Profepa podrá tomar cualquier medida para restablecer al medio, a como estaba antes.

Al cuestionarle quién establece cuando corresponde o aplica invocar a una demolición, por daños graves al equilibrio ecológico, respondió que a la misma Profepa es a la que le toca esta tarea y que es ahí, en donde también hay controversia.

?Ahí entra el punto de controversia; este desequilibrio ecológico grave es muy subjetivo porque un ecosistema no lo puedes ver de forma aislada y el impacto no sólo se da en un sitio, sino a nivel macro, que es como se debe estudiar.

De meses a tras la Profepa ha realizado una serie de operativos dentro del polígono costero de 664 hectáreas, declarado como Parque Nacional Tulum, mediante un decreto presidencial de abril de 1981, que expropió las tierras contenidas en esa superficie, a favor de la Nación.
De acuerdo con las características de la categoría de área natural protegida y del propio decreto, ninguna autoridad debió extender permisos de construcción en esa zona; sin embargo, existen varios hoteles ahí edificados, con autorizaciones, lo mismo del ayuntamiento de Solidaridad, que de la Semarnat.

Las clausuras a 14 hoteles, aplicadas por la Profepa, se dieron por carecer de autorizaciones de impacto ambienta, cambio de uso de suelo en terrenos forestales o por violentar los términos y condicionantes de autorizaciones que no tendrían que haberse expedido.
En otros casos, se documentó la contaminación del suelo y subsuelo, así como del acuífero y del mar, por la inyección de aguas residuales, sin tratamiento.

En medio de la controversia, el titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada dio a conocer que el objetivo final es, además de detener los impactos ecológicos y sus consecuencias, lo es también el clausurar hoteles que se edificaron sin permiso.

 

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