INCONSTITUCIONAL Parque Nacional de Tulum

Determina Juez Federal que el controvertido Parque Nacional de Tulum, es incostitucional y por lo tanto no procede la expropiación, que quizo llevar a cabo el gobierno federal en 1981.

 

No procede la expropiación federal del controvertido Parque Nacional de Tulum; es inconstitucional; así lo determinó el Juzgado Segundo de Distrito, del Poder Judicial Federal, con sede en Cancún, al emitir sentencia en el expediente de amparo 496/2007, promovido por Roberto Palazuelos Badeaux; a quien el Poder Judicial Federal le concedió la razón, despues de haber sufrido númerosos embates por parte de la PROFEPA, quien en 2007 trató de despojarlo de sus predios, pretendiendo ejecutar el decreto expropiatorio, que crea el Parque Nacional Tulum en 1981 durante el sexenio de José López Portillo.

 

Lo anterior significa jusiticia y certeza jurídica para los propietarios e inversionistas del recién creado Municipio de Tulum;  quienes en los últimos meses han tenido conflictos jurídicos con diversas autoridades federales, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); quienes encabezaron lo que ellos llamaron,  la defensa legal para que se respete el Parque Nacional de Tulum y evitar construcciones dentro de la superficie que abarca esta Área Natural Protegida, donde de unos años a la fecha inició el desarrollo turístico tanto de grandes hoteles, como desarrollos ecológicos con cabañas.

 

Sin embargo despúes de varios meses que duró el proceso, y durante el cual la autoridad federal por conducto de la PROFEPA, utilizó excesivamente la fuerza, contra los propietarios de la zona turística de Tulum, a quienes emitió docenas de clausuras; se pone fin a uno de los más controvertidos litigios, en el que resultó beneficiado el actor Roberto Palazuelos, a quien no se le podrá aplicar el Decreto Expropiatorio y a partir de hoy, el poder judicial federal le reconoce su propiedad.

 

BENEFICIO SOLO PARA LOS DEMANDANTES

 

Cabe destacar que la sentencia de amparo emitida en contra del decreto, solo aplica para Palazuelos, quien fue el primero en combatir  la expropiación y obtuvo resolución a su favor ya  que las resoluciones de amparo, aplican unicamente para los demandantes y no así, para todos aquellos que aunque estén en la misma situación, no lo hayan hecho.

 

En la opinion de juristas consultados por este rotativo, el Gobierno Federal, todavía tiene la opción de pedir la revisión del amparo que determina la incostitucionalidad del decreto; misma que sería ante un Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal, quien resolvería en definitiva el asunto.

 

Además de que la resolución de amparo favorable al actor y empresario, solo le reconoce su propiedad particular; más no le exhime del cumplimiento de la normatividad ambiental y ni de los reglamentos y leyes municipales, estatales y federales que está obligado a cumplir, y que la propia autoridad federal, le ha acusado de violar reiteradamente.

 

Se sabe que las consideraciones que se aportaron durante el desarrollo del proceso y que tomó en cuenta el Poder Judicial Federal, al determinar la incostitucionalidad del decreto expropiatorio, emitido con base en la ley de expropiación de 1936; destaca el antecedente que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, con anterioridad había deteminado ya, su inconstitucionalidad; además de que el mal logrado decreto, con el cual López Portillo, en 1981 quizo despojar a los propietarios originales de Tulum, está plagado de muchos vicios, ya que no se indemnizó a los propietarios al momento que se pretendió expropiar; las medidas que delimitan el polígono de la expropiación no corresponden, ya que al momento de aplicarlas del plano cartográfico a la tierra, la superficie aparece en el mar.

 

Para diversos ambientalistas, aquí lo importante, no es quien gane el juicio por Tulum -los propietarios de tierras o el gobierno federal-, lo importante es conservar el sitio con baja densidad para garantizar el desarrollo sustentable.

 

Que se mantenga una densidad muy baja en la zona de Tulum, y se protejan las ruinas arqueológicas y no se permitan los megadesarrollos turísticos y mucho menos los desarrollos inmobiliarios como el caso del Grupo KOR que pretendió someter a autorización un desarrollo condominal, ni que se cometan abusos como en los casos del Azul-Blue o el Dreams, a quienes primero se les permitió el desarrollo y luego se les quizo desautorizar; todo eso es lo que genera incertidumbre, lo que deben hacer autoridades y particulares, es ponerse de acuerdo, y normar  el desarrollo de Tulum, pero con mucho cuidado al ambiente, y estricto cumplimiento a la normatividad.

 

UN ORIGEN COMPLEJO

 

Cabe destacar que el inicio de la compleja madeja jurídico-política del Parque Nacional Tulum empieza cuando el gobierno de Pedro Joaquín Codwell recibe de la Secretaría de la Reforma Agraria en noviembre de 1973, como fondo legal, dos mil 110 hectáreas en dos polígonos en la zona costera, en donde se encuentra la zona arqueológica de Tulum. Posteriormente en marzo de 1981 el gobierno federal otorga otras 200 hectáreas al gobierno del estado de Quintana Roo, éstas tierras ya tenían escrituras expedidas por la SRA.

 

Al parecer López Portillo quería con esta operación facilitar la compra de tierra a unos conocidos suyos de Monterrey, y como los propietarios de los predios colindantes se negaron a vender ( la familia Portilla), en venganza decretó un mes después la creación del Parque Nacional Tulum, que incluia la tierra que acababa de entregar al gobierno del estado de Quintana Roo..

 

A partir de ahí el gobierno del estado de Quintana Roo fracciona el terreno e inicia su venta a particulares. El apogeo se da con Borge Martín, y luego es seguido por los gobiernos de Ernesto Villanueva y Joaquín Hendricks. Muchos de los valiosos terrenos fueron otorgados como prebendas políticas a funcionarios y allegados a los gobernantes. Durante 24 años el gobierno del estado a través de catastro repartió la valiosa zona. Fue asi que en Abril 1981 se emitó el  Decreto plagado de irregularidades y que nunca se concretó en la realidad, y que ahora es declarado por el juez segundo de distrito en Cancun Q.roo como inconstitucional.